No reparan en esfuerzos para meternos en la cabeza la idea de que hay que utilizar el transporte público, pero no escatiman en gastos para desplazarse a cualquier parte en coche oficial con chófer. Y es que en este país, cualquier politicucho de medio pelo asume que tiene derecho a viajar en un coche pagado por todos.

El último ejemplo de esta ley del embudo nos llega de parte de la Generalitat, que ha optado por contratar un servicio de vehículos de representación para que su batallón de “altos cargos” (más de 200) no tenga que mezclarse con la plebe en el metro o el autobús al acudir a sus quehaceres cotidianos.

La broma no es para reirse: el contrato aprobado el pasado 5 de mayo contempla una remuneración a la empresa Litoral Limousines S.L. (con ese nombre queda claro que no alquilan precisamente utilitarios) de 1.152.000 €urazos por hacerse cargo de los paseos de los dirigentes en sus “taxis de lujo”.

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